La propuesta del equipo de gobierno mantiene las tarifas de las instalaciones deportivas, amplía la bonificación del IBI por energía solar térmica y limita las actualizaciones del IPC a servicios y aprovechamientos concretos, entre ellos servicios administrativos de uso no generalizado.
Torrelavega, 21 de octubre de 2026,
El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales para 2027, con los votos a favor del PRC y del PSOE y en contra del resto de los grupos de la Corporación, que mantiene congelados los principales impuestos y las tasas de los servicios básicos. El IBI, el impuesto de circulación y las tasas de agua y recogida de basuras no experimentarán incrementos. También se mantienen las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas municipales.
La propuesta del equipo de gobierno PRC-PSOE contempla actualizaciones vinculadas al IPC del 3,6 % en determinadas tasas y precios públicos por servicios y aprovechamientos concretos, entre ellos servicios administrativos de uso no generalizado. Estas actualizaciones afectan a quienes utilizan las prestaciones correspondientes.
El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que las actualizaciones se circunscriben a servicios concretos y afectan únicamente a quienes los utilizan, por lo que «no es una subida que vaya a repercutir en el global de la ciudadanía».
Pérez Noriega ha defendido que la aplicación de estas tasas no pondrá en riesgo la economía de ninguna familia de Torrelavega y ha recordado que los principales impuestos y las tasas de agua y recogida de basuras permanecen congelados, al igual que las tarifas deportivas. Con esta decisión, el Ayuntamiento asume el efecto de la inflación en los principales servicios municipales.
Asimismo, ha subrayado que se mantienen todas las bonificaciones y ha señalado que el incremento del salario mínimo amplía el número de personas que pueden acceder a las vinculadas a este indicador.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y portavoz del PSOE, José Luis Urraca, ha defendido estas nuevas ordenanzas que responden al compromiso del PSOE y PRC de “congelar los impuestos en Torrelavega este 2027″.
Urraca, ha hecho hincapié en que la propuesta «no registra ninguna subida en lo esencial» y ha defendido que, “bajo ningún concepto, pone en riesgo la economía de ninguna familia”.
También ha explicado que el Ayuntamiento asume el incremento de costes para evitar trasladarlo a los vecinos y ha puesto en valor las bonificaciones, exenciones y ayudas dirigidas a las rentas más bajas. En relación con los residuos, ha afirmado que el incremento de la tasa de MARE supone un coste adicional de 900.000 euros que no se repercutirá a la ciudadanía.
El portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, ha rechazado la modificación y ha criticado la presión fiscal municipal y se ha referido a las subidas de los años anteriores.
Por Torrelavega Sí, Arturo Roiz ha considerado que se trata de una propuesta «electoralista, injusta y arbitraria» y ha insistido en que los servicios públicos deben ser pagados quienes los utilizan.
El portavoz de Vox, Antonio de la Riva, ha manifestado su oposición y ha sostenido que se produce un incremento de la presión fiscal del 38 % durante la legislatura.
Por IU-Podemos, Borja Peláez ha reclamado revisar la distribución de las cargas fiscales con criterios objetivos y ha defendido que «Torrelavega necesita política fiscal más justa».
Bonificaciones y apoyo a las familias
Entre las novedades aprobadas figura la ampliación de uno a tres años de la bonificación del 50 % del IBI para las viviendas que instalen sistemas de aprovechamiento térmico de energía solar para autoconsumo y cumplan los requisitos de la ordenanza.
La bonificación se aplicará durante los tres periodos impositivos siguientes al de la solicitud, que deberá presentarse en el mismo ejercicio en que se registre o comunique la instalación ante el órgano competente.
En el transporte escolar se mantienen las reducciones por circunstancias familiares y económicas: un 25 % para ambos menores cuando estén inscritos dos de la misma unidad familiar; un 50 % para todos cuando sean tres o más; y un 90 % cuando los ingresos anuales conjuntos de los progenitores sean inferiores a dos veces el IPREM.
Asimismo, las cuotas del Mercado Ecológico y del Mercado Semanal de los jueves quedan exceptuadas de la actualización prevista para la instalación de puestos, barracas y casetas de venta.
Las actualizaciones del 3,6 % afectan, entre otros conceptos, a la expedición de documentos administrativos, la retirada de vehículos, la instalación de terrazas, determinados servicios de los mercados municipales, la celebración de matrimonios civiles y el transporte escolar.
En este último servicio, la tarifa general pasa de 16,21 a 16,79 euros por trimestre, una diferencia de 58 céntimos trimestrales, antes de aplicar las reducciones. Para quienes tengan derecho a la reducción del 90 %, el incremento será de aproximadamente 6 céntimos por trimestre.
En la red municipal de huertos sostenibles, la cuota pasa de 61,74 a 63,96 euros por parcela, lo que supone 2,22 euros más al año. La celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento pasa de 144,22 a 149,42 euros, una diferencia de 5,20 euros por ceremonia.
Transporte urbano
El Pleno ha aprobado también la modificación de la ordenanza reguladora de las tarifas del transporte urbano, con los votos a favor del PRC, PSOE y Torrelavega Sí, y en contra del resto de grupos, con una actualización que toma como referencia el IPC del 3,6 %.
El billete ordinario pasa de 1,15 a 1,20 euros, 5 céntimos más por viaje. El bono de diez viajes aumenta 15 céntimos, de 5,25 a 5,40 euros; el mensual, 55 céntimos, de 15,75 a 16,30 euros; y el abono joven para menores de 30 años, 1,10 euros por trimestre, de 31,50 a 32,60 euros, con viajes ilimitados.
Estas tarifas se establecen sin perjuicio de las bonificaciones y reducciones aplicables a los abonos y títulos multiviaje, condicionadas a la vigencia del sistema de ayudas al transporte colectivo. Se mantiene, además, la gratuidad para menores de seis años.
Ambos expedientes se someterán a exposición pública durante treinta días para que las personas interesadas puedan examinarlos y presentar reclamaciones. Si no se presentan, los acuerdos quedarán elevados a definitivos, con los trámites de publicación correspondientes antes de su entrada en vigor.
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